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[14 sep. 05] Ha estallado un nuevo frente de crisis de competencias entre varios Estados europeos, la Comisión y el Tribunal de justicia europeo.
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Londres pone el grito en el cielo considerando intolerable que la Comisión pueda encarcelar a ciudadanos británicos. El presidente de la Comisión responde anunciando la eliminación de leyes absurdas.
El conflicto emergente puede afectar a España en sectores sensibles como la pesca, delitos ecológicos, fijación de precios o blanqueo de dinero negro.
El Times relanza la batalla británica contra una decisión del Tribunal de Justicia europeo, que dará a Bruselas ----Comisión---- el poder de “armonizar” la legislación penal a través de la UE, “creando” por vez primer un cuerpo de doctrina judicial-criminal de carácter supra nacional. Se trata de un proceso de lentísima a imprevisible evolución. Pero el Times considera intolerable su “inquietante evolución”. Timothy Kirkophe, lider conservador en el Parlamento europeo, declara: “Se trata de una nueva erosión de la soberanía británica, con nuevas transferencias a favor de la Comisión”.
Saliendo al paso de tales resistencias británicas, compartidas, por muchos otros Estados, José Manuel Barroso anuncia a Financial Times que ha dado órdenes a los funcionarios de la Comisión para agilizar, revisar o suprimir unas 60 o 70 leyes que él considera “absurdas”.
Barroso anuncia un nuevo proceso europeo de “des regulación” que presenta reclamando “un cambio de cultura”.
La decisión de Barroso y la sentencia del Tribunal de justicia europeo forman parte del mismo proceso: la lenta pero inexorable creación de un cuerpo de doctrina judicial europea en muchos terrenos sensibles.
La resistencia británica contra los nuevos poderes judiciales de la Comisión deja al descubierto los terrenos en que tal “amenaza” pudiera afectar a España: la pesca, la polución, el blanqueo de dinero negro... si se presentasen querellas que prosperasen o si se reabriesen conflictos tradicionales.
Modelo “canónico”: Si se agravase el problema de la pesca de la anchoa, en el Golfo de Vizcaya, España y Francia se enfrentarían judicialmente a la comisión.