Op.

La UE y la OTAN ofrecen a España un “corsé” institucional y militar contra la “balcanización”; pero la proliferación de “identidades nacionales” (catalana, vasca, gallega, andaluza, etc.) puede relativizar el peso del Estado en Europa, sin aumentar forzosamente la influencia de Cataluña, el País Vasco, Galicia o Andalucía en la toma de decisiones sensibles para la libertad y prosperidad de los ciudadanos.

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Catalanes, aragoneses, navarros, vascos, aspiran desde hace varias décadas a mejorar las infraestructuras de comunicación con Europa. ¿Conseguirán los presidentes autonómicos lo que no consiguieron Franco, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar? Zapatero ha intentado asociar a las autoridades regionales a las negociaciones hispano-francesas que puedan tratar asuntos locales. Chirac respondió automáticamente rebajando el nivel de tales encuentros, convertidos en “reuniones de alto nivel”.

París y Madrid estudian reactivar el Tratado de Bayona (1995/97) que debiera regir jurídicamente la cooperación transfronteriza. En términos prácticos, sin embargo, las competencias regionales vascas y catalanas suscitan la “envidia” en las regiones francesas y la más profunda desconfianza en París. Mitterrand lanzó hace veinticinco años lanzó la idea pronto abandonada de crear un departamento vasco-francés. Proyecto igualmente rechazado sin discusión por los sucesivos gobiernos franceses. El incremento de poder y responsabilidades “nacionales” en Barcelona o Vitoria tampoco suscita un entusiasmo totalmente frenético en París.

En Londres, en Bruselas, en la Europa danuviana, la multiplicación de “identidades nacionales” españolas se contempla con inquietud apenas disimulada. Bélgica teme la “implosión” nacional. En Londres, los irredentismos irlandés o escocés solo alimentan las reservas más sordas.

¿Cómo influirán los nuevos estatutos autonómicos españoles en el funcionamiento de la UE? Los tratados de Maastricht (1994) y Ámsterdam (1999) dieron al Comité de las regiones europeas (317 regiones reconocidas jurídicamente) ciertos poderes de consulta en materia de cohesión económica, redes de transportes, energía, telecomunicaciones, empleo, política social, medio ambiente. Poderes simbólicos pero reales, sin capacidad de ejecución pero con cierta capacidad de rechazo.

La UE está en crisis institucional desde hace un año y en crisis larvada desde hace más de una década. La emergencia de nuevos poderes jurídicos y económicos de carácter regional, con influencia directa en algún Estado e influencia indirecta en la Comisión o el Consejo, no facilitará la toma de decisiones comunes, que ya es muy difícil tomar entre 25 Estados. Esa complejidad de funcionamiento institucional bizantino tendrá un costo económico y político alto, con una eficacia discutible. Desde Nueva Delhi, Pekín, Tokio o Washington, Europa se percibe como un continente iluminado por la luz de su melancólico ocaso histórico.