Los primeros presupuestos del Estado de la presidencia de Nicolas Sarkozy anuncian una reducción masiva del número de funcionarios, pero son muy modestos en materia de reducción de la Deuda y el déficit público, esperando un crecimiento más alto del previsto por la UE y la OCDE, cuando los sindicatos confirman su hostilidad contra las reformas de fondo.
Los nubarrones de la crisis financiera internacional y la fronda sindical amenazan con precipitaciones tormentosas contra los proyectos de “ruptura” del presidente Sarkozy.
Por vez primera en la historia de la V República, los presupuestos nacionales del 2008 prevén una reducción de 23.000 empleos en la función pública. Se trata de una novedad radical, tras varias décadas de incremento permanente del número de funcionarios, acelerado durante el quinquenio 1997-2002, durante la cohabitación de Chirac con un gobierno socialista. [Le Monde, 26/27 sep. 2007. Une baisse historique des effectifs de la fonction publique]
Se trata de la medida más llamativa de la nueva política presupuestaria. Un recorte importante de la masa salarial del Estado, que se propone no renovar una de cada tres jubilaciones de funcionarios
Por el contrario, el primer presupuesto Sarkozy es mucho menos ambicioso en otros terrenos capitales de las finanzas públicas. La deuda pública (44 % del PIB) y el déficit público (2.3 % del PIB) apenas se reducen significativamente, cuando la Comisión europea insiste una y otra vez en que Francia lleva muchos años aplazando el ajuste de sus cuestas nacionales, para respetar los compromisos de la zona euro.
El margen de maniobra político y económico se anuncia muy escaso, los próximos meses. Los presupuestos del 2008 esperan contar con un crecimiento del 2.25 %. Se trata de una hipótesis de trabajo muy optimista. La UE y la OCDE temen que Francia tenga el año próximo un crecimiento económico inferior al 2 %. Si esas previsiones se confirmasen, la deuda y el déficit podrían agravarse, si no se toman medidas más drásticas.
Por su parte, los sindicatos de funcionarios y empresas públicas se dicen dispuestos al “enfrentamiento”, con un rosario de amenazas de huelga para la segunda mitad del mes de octubre, anunciando un “otoño caliente”.
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