Todo se explica.
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Las declaraciones de Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, imputado por malversación de fondos públicos y prevaricación en el escándalo de los ERE andaluces, permiten comprender el cordón umbilical que une la corrupción bancaria y la corrupción política: “A José Antonio Griñán los informes de auditoría no le importaban nada”.
Un político llegado al cargo, tras la dimisión de su antecesor -implicado en otro rosario de escándalos-, sin ser elegido democráticamente, hacía caso omiso (¿?) de las auditorías donde se anunciaba veladamente el funcionamiento el abrevadero de los nidos de reptiles a su servicio político.
No sin cierta “alegría” irresponsable, hoy se descubre que el Estado -los contribuyentes, expoliados por la mala gestión de banqueros y políticos- ha perdido 36.000 millones de euros, de los 52.000 inyectados en las cajas nacionalizadas, a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB).
Dicho de otro modo: el Fondo creado (con dinero de los contribuyentes españoles y europeos) para tapar el abismo de incompetencia y corrupción de unas cajas de ahorros arruinadas por sus gestores políticos y financieros, está en profunda crisis contable, mucho antes de solventar los problemas de un sector que tiene a más de un centenar de banqueros imputados con un largo rosario de delitos.
Temas de trabajo de mi serie España, una temporada en el Infierno.
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