La política exterior de Rodríguez Zapatero ha hecho retroceder de manera tangible el peso institucional de España en Europa.

El retorno español a los negocios públicos europeos, tras la muerte de Franco, comenzó con la gira de Adolfo Suárez de 1977 y culminó con la aprobación y entrada en vigor del Tratado de Niza (2000-2003), que marca el punto álgido de la influencia institucional de España en la UE, tras una negociación e integración rápida y feliz, consumada por los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar.

El Tratado de Niza instaló a España en el grupo de las grandes potencias europeas, con un estatuto reconocido como tal, a través de la importancia y calidad de su voto en las instituciones.

El mes de febrero del 2005, el gobierno propuso la aprobación por referéndum de un proyecto de Tratado europeo que recortaba significativamente el peso institucional de España en la UE. Tres meses más tarde, Francia rechazó el mismo proyecto, ahondando una crisis que venía de muy lejos.

Ante las distintas alternativas e iniciativas que se sucedieron para intentar salvar esa crisis, España adoptó una posición “maximalista”: el mes de enero pasado, los gobiernos de España y Luxemburgo reunieron en Madrid a un grupo de 18 Estados que ya habían aprobado la difunta Constitución.

Una visita a Madrid de Nicolas Sarkozy ha sido suficiente para que el gobierno español retroceda de manera espectacular: el proyecto francés de “tratado mínimo” marca un nuevo recorte de la influencia institucional española. Como Giscard, Mitterrand y Chirac, Sarkozy ha puesto sobre la mesa la importancia a geometría variable de la cooperación antiterrorista. Y Rodríguez Zapatero, acosado, sin rumbo conocido, ha enterrado los últimos flecos de independencia de criterio que ponían fuera de si a Chirac, crítico severísimo del descubrimiento de América, partidario de Marruecos durante el conflicto de la isla Perejil.