Muy modestamente, me hice esta pregunta : ¿Son los catalanes capaces de forjar un proyecto político común, aceptable para una gran mayoría?
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El maestro Rubio Llorente reflexiona sobre una hipotética prolongación institucional a esa pregunta:
Ciudadanos de Catalunya
Francisco Rubio Llorente
Doy por supuesto que una Catalunya independiente daría su nacionalidad a todos los españoles que vivían allí Aunque los estados se separaran, no sería posible establecer una separación nítida entre los pueblos.
Los últimos informes del Consell Consultiu per a la Transició Nacional nos ilustran sobre la organización que debería darse a una futura Agencia Tributaria, incluidos los medios informáticos, y no sé si aconsejan o predicen la benevolencia que habrá de guiar la política de Catalunya con los demás estados de la Península. Lo primero es seguramente importante, pero no parece urgente. Lo segundo, aunque plausible, se basa en un razonamiento más bien funambulesco que pretende explicar la voluntad de separarse de España como una vía para hacer más cordial y fértil su relación con lo que quede de ella.
Pero no es mi intención hacer un análisis crítico de lo que estos informes dicen, sino ocuparme de algo que no dicen. La Agencia Tributaria no podrá recaudar tributos que la ley no haya establecido y no habrá política catalana interior ni exterior, benevolente o no, sin un Gobierno que la dirija. Las leyes, a su vez, requieren un Parlamento con poder para hacerlas y sin un Parlamento que pueda otorgarle o retirarle su confianza y ante el que haya de responder, tampoco existe un Gobierno legítimo. Y en un Estado democrático, por último, la legitimidad del Parlamento deriva de la elección popular. De todo lo cual resulta que la primera cuestión a la que se ha de dar respuesta en el camino que lleva a la creación de un nuevo Estado es la de definir cuál será su pueblo; o en términos más llanos, precisar quiénes serán sus ciudadanos, quienes tendrán su nacionalidad. Una respuesta tan urgente que ha de cargar con ella el órgano que impulsa la creación del nuevo Estado. De hecho, es también este órgano el que ha de delimitar el territorio y justificarse a sí mismo, lo que plantea un intrincado problema teórico y práctico. Quede el asunto para otra ocasión.
Hasta el presente, el Consell Consultiu ha dejado de lado el tema, que el Gobierno escocés ha abordado en el libro blanco (Scotland Future) publicado a finales de noviembre, que pasa sobre él como sobre ascuas. Es un tema difícil e incómodo, pero también revelador, tanto en el modo de plantearlo como en el de resolverlo, de la realidad subyacente a la secesión.
En la Europa del último cuarto de siglo se constata que hay muchos criterios adoptados para definir la nacionalidad del nuevo Estado. En los países bálticos está la nueva ciudadanía, absolutamente desconectada de la que anteriormente tenían sus habitantes e incluso, en alguna medida, de la residencia: ciudadanos de Estonia, Letonia o Lituania son hoy quienes lo eran en esos estados antes de 1940, o sus descendientes. Con lo que han quedado privados de esa condición una buena parte de quienes hasta la independencia habían actuado como ciudadanos: entre el 30% y el 40% de los votantes en los respectivos referéndums sobre la independencia de Estonia y Letonia no son ya ciudadanos. Menciono el dato porque quienes organizaron la cadena catalana la emparentaron con la cadena báltica, no porque piense que los catalanes han considerado nunca la posibilidad de utilizar un criterio semejante, o los que con un resultado parecido se han utilizado en algunas repúblicas de la antigua Yugoslavia. Doy por supuesto que, como en Escocia, una Catalunya independiente ofrecería su nacionalidad a todos los españoles que en ese momento vivían allí.
Pero es precisamente esa oferta la que plantea el problema que el Consell Consultiu hasta ahora ha marginado y el Gobierno escocés ha tratado a la ligera. Los nuevos estados pueden ofrecer su nacionalidad a quienes tenían la anterior, la del Estado predecesor, pero en modo alguno imponérsela. Es a mi juicio una cuestión de principio, pero en Europa esa prohibición está incorporada también al derecho positivo en el tratado europeo sobre la nacionalidad de las personas físicas en el supuesto de sucesión de estados. Los nacionales del Estado predecesor tienen derecho a seguir siéndolo aunque continúen viviendo en el nuevo, que no puede expulsarlos ni privarlos de otros derechos que los políticos.
En ese marco obligado, no es disparatado imaginar que un número significativo de los españoles que hoy viven en Catalunya pudieran desear seguir siéndolo sin salir de ella y lo hagan valer así ante las autoridades catalanas y españolas. Como esa nacionalidad conlleva la europea y la naturaleza humana es desfalleciente, es posible que esa opción resultara tentadora también para otros, pero bastaría con que se inclinaran por ella quienes en el referéndum votaron en contra de la independencia para que el Estado fruto del alumbramiento naciera con una grave malformación: una democracia en la que no pueden votar ni tienen derechos políticos un 40% de los habitantes.
Tampoco es disparatado imaginar que ha sido el deseo de impedir el nacimiento de un esperpento de este género el que ha llevado al Gobierno escocés a asegurar que gozarán de la doble nacionalidad los británicos que sigan viviendo en Escocia, y que, hasta donde se puede saber, sea esta también la solución que acarician los independentistas catalanes. Nada que objetar, salvo subrayar que esa doble nacionalidad no es producto de la generosidad de quien la otorga, sino remedio al que este acude para evitar un mal propio y que en consecuencia no tiene sentido alguno reprochar que el Estado predecesor no haga lo mismo. Menos aún, sostener que está obligado por su propio derecho. El libro blanco escocés lo insinúa, y con más rotundidad parece haberlo afirmado el señor Junqueras (el “parece” es obligado porque sus manifestaciones las conozco sólo a través de la prensa). Aunque el sistema británico de nacionalidad y ciudadanía es muy complicado, me parece que las insinuaciones escocesas son algo simplistas; con mayor conocimiento de causa, me atrevo a afirmar que ni la Constitución ni el Código Civil obligan al Estado español a otorgar la doble nacionalidad a los nacionales de un nuevo Estado. Tal vez yo esté equivocado, pero aunque lo estuviera, ¿cómo forzar al Estado español a cumplir su obligación? ¿Acudiendo al Tribunal Constitucional?
El tema da mucho de sí, pero ni el espacio disponible ni la paciencia del lector permiten un análisis detallado ni es el propósito de desenredar los intríngulis de este difícil problema lo que me ha llevado a ocuparme de él. El problema me interesa sobre todo porque a través de él se hace palmario que ni los más ardientes independentistas escoceses o catalanes pueden ignorar el hecho de que aunque los estados se separaran, no sería posible establecer una separación nítida entre los pueblos, porque los vínculos de todo género que unen a las personas que los forman vienen de muy lejos y son muchos y sólidos. Tantos, que desde hace siglos los habitantes de España se han visto y han sido vistos como integrantes de una de esas unidades que a partir de finales del siglo XVIII se llamaron naciones. Y es mucho más fácil salir del Estado que salir de la nación. Y más fácil aún debería ser lograr que la estructura del Estado se acomode a la complejidad de esta nación de naciones. Un empeño por el que vale la pena seguir luchando.
Francisco Rubio Llorente, catedrático emérito Derecho Constitucional, expresidente del Consejo de Estado… La Vanguardia, 23 enero 2014.
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Las negritas son mías.
“Decíamos ayer…”
- Rajoy y Mas están de acuerdo en lo esencial, 2.
- El presidente y el president trabajan con eficacia para impedir la convocatoria de un referéndum, en Cataluña.
- Cataluña, España y Anales de Caína en este Infierno.
Jordi says
Menudo nudo marinero! Me ha resultado llamativo lo de tener en una Catalunya a un mogollon de ciudadanos europeos porque tienen doble nacionalidad. Y si mas del 50% de los ciudadanos opta por esa solucion. No seria, a su modo, una respuesta de referendum?
txema says
Esto es mas dificil que la cuadratura del circulo. Al final de todo este lio, no habra nadie contento, ni los Hunos ( la H es intencioanda) ni los Otros.
Tanta energia y recursos gastados en mirarse el ombligo.
JP Quiñonero says
Jordi, Txema…
Jordi,
Buenooo… Pues vaya usted a saber. Lo razonable es que cada cual piense por su cuenta y saque o no saque las consecuencias que le parezcan oportunas.
Txema,
Si me lo permites, casi me atrevería a escribir hunos y hotros, efectivamente. Si solo fuera mirarse el ombligo…
Q.-
Manuel Castaño-Viella says
La cosa puede llegar a ser mucho más complicada. Dado que no puede ser porque es imposible hacer un referéndum, se habla ahora de hacer un sucedáneo: una consulta no referendaria (de acuerdo con una ley en trámite que desarrolla un artículo del Estatuto no declarado anticonstitucional). Y parece que la intención es convocar, no al censo electoral, que no estaría legalmente desponible para eso, sino a todos los inscritos en el padrón de todos los municipios de las cuatro provincias, es decir a toda suerte de extranjeros. Dejando aparte que los padrones contienen innúmeras irregularidades, he intentado razonar, sin éxito, con algún independentista que hay una imposibilidad lógica: a los que no son españoles no se les puede preguntar si quieren dejar de serlo. Ni puede una entidad como la Generalitat conceder la nacionalidad ¡antes! de constituirse en Estado, a guisa de pagaré.