¿Cuántos muertos es capaz de soportar la sociedad española en nombre de la solidaridad militar en la lucha contra el terrorismo, en Afganistán? ¿Cuál es la solidaridad mínima que puede asumir un país de la talla de España, como miembro audible y creíble en la UE y la OTAN?

El gobierno español es muy libre, por supuesto, de retirar las tropas españolas presentes en Afganistán, como ya hizo en Irak. De hecho, nadie le impide dialogar con ETA, aplazar indefinidamente el diálogo con Washington, incluso poner en cuarentena la presencia española en la Alianza Atlántica, sustituida, en nombre de la herencia del Al Andalus, por unas relaciones más intensas con la Liga Árabe, o una participación más activa en Mercosur o el Pacto Andino, en nombre de los “tradicionales lazos de amistad”.

Y esa reorientación de fondo de la diplomacia y la política de defensa encontraría numerosos apoyos parlamentarios e internacionales. La calurosa complicidad musulmana, rusa, venezolana y boliviana con la Alianza de civilizaciones, mal comprendida en Washington, la UE y la OTAN, justificaría conceptualmente tales decisiones.

Quizá fuese sensato pedir, sin embargo, que los máximos responsables de la diplomacia y la política de defensa nacionales (de España: con esa bandera están presentes los soldados españoles en Afganistán y el Líbano), tuviesen la honradez y la energía moral indispensables para ser capaces de explicar con claridad y limpieza éticas sus concepciones en tan dramáticas materias.

En este caso, el doble lenguaje (las “razones humanitarias” con las que se cubre con piedad desalmada una realidad atroz) tiene algo de cinismo sonámbulo, insensible al sufrimiento de quienes se juegan la vida, e indiferente a la incertidumbre del modesto ciudadano que intenta comprender cual es el puesto de su patria en el mundo.