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Verneuil-sur-Avre. Plaza del mercado. 15 julio 2023. Foto JPQ.
Se trata de una realidad social, electoral, urbana, cultural y política conocida desde hace más de veinte años:
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La Francia periférica, rural, proleta, agraria, víctima de la precariedad y el centralismo del Estado, vota a la derecha y la extrema derecha.
La Francia urbana, de ciudades de más de 40.000 / 50.000 habitantes, comenzando por París, vota a las izquierdas.
Desde hace una larga década, la precariedad de la Francia periférica ha crecido de manera angustiosa, protagonizando sucesivas frondas populares, de La Nuit Debut a Los Chalecos amarillos: para dar una mayoría nacional a la extrema derecha, en las elecciones europeas y legislativas.
Durante esos diez últimos años, la izquierda tradicional, el PS y el PCF, se han hundido; y la nueva extrema izquierda, La Francia Insumisa, tiene sus bastiones en la periferia multicultural de las grandes ciudades.
Honradamente, creo ser el único periodista español que ha contado y fotografiado esas realidades:
2008 10 marzo, Francia, urbana a la izquierda, rural a la derecha.
Dos pueblos emblemáticos de la Francia periférica:
–Verneuil-sur-Avrehttps://unatemporadaenelinfierno.net/?s=verneuil-sur-Avre.
París, ah…
Francia en crisis … pareja en el país parisino de Belleville, muy anti Le Pen – extrema derecha.
Francia & París, la rentrée … Izquierdas Down, extremas derechas UP.
Escuela pública en Belleville, el París multicultural / electoral de Mélenchon.
Pareja mestiza en Belleville, en el París electoral de Mélenchon.
EN EL 14
Un marco político legal, pero ilegítimo
Bonapartismo o Asamblea Constituyente
Es ya una realidad patente: se ensancha el abismo entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Sin embargo, la “crisis de la democracia” traduce un cambio en el modelo político. Vulnerando la voluntad expresada por los electores el 29 de mayo de 2005, el Tratado de Lisboa refleja la tentativa autoritaria de una parte de las elites. Sólo con la elección de una Asamblea Constituyente en Francia podría detenerse este proceso.
por André Bellon, abril de 2014
El 29 de mayo de 2005, fecha del rechazo del Tratado Constitucional Europeo (TCE), quedará en la historia de Francia como un momento crucial. Una legitimidad democrática intentó afirmarse y fue ultrajada. Desde entonces, y de forma esporádica, emergen revueltas sin coherencia aparente, pero en el marco de una voluntad común de rechazo de los poderes establecidos (grandes manifestaciones, “bonnets rouges”…) (1). ¿Son acaso las señales precursoras de una violencia más general, de una profunda crisis de régimen?
Resulta paradójico que justo cuando los principales dirigentes políticos no quieren poner en duda la legitimidad de las instituciones sobre las que descansa su poder, todos se ven forzados a reconocer que los ciudadanos se sienten cada vez menos representados.
La palabra “ilegitimidad” era tabú. Pero, el 11 de noviembre de 2013, el presidente de la República fue abucheado durante su visita a Oyonnax, ciudad símbolo de la Resistencia. Y al día siguiente, el primer ministro Jean-Marc Ayrault, al enfrentarse a Christian Jacob, jefe de fila de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) durante la sesión de preguntas de actualidad en la Asamblea Nacional, lo acusó en estos términos: “Usted quiere hacer creer que hay una crisis institucional. ¿Pero de qué está hablando? ¿Pone en duda la legitimidad de la elección presidencial por sufragio universal?”. Dura acusación, sin duda. No obstante, la cuestión de la legitimidad había sido planteada.
Hace ya varias décadas que el régimen de la Quinta República se va debilitando. Fundado sobre un pilar presidencial sin control, reforzado además desde el año 2000 por el quinquenio y la preeminencia de la elección del presidente respecto de la de los diputados (designados en escrutinio mayoritario uninominal en dos vueltas, lo que refuerza aún más el dominio del partido del presidente), este poder se aleja cada vez más de los ciudadanos. Y se aleja aún más por la presión de la fuerza reguladora de las instituciones de Bruselas, poderosa aspiradora de toda soberanía nacional y popular. Sólo queda, para creer en el valor democrático de las instituciones, la alternancia entre la UMP y el Partido Socialista (PS), alternancia que intenta ocultar el acuerdo en lo esencial. Más legal que legítimo, el poder se mantiene gracias a esta regla de juego. De ahí la pregunta que surge: ¿cómo poner en duda esta regla de juego?
Para un número importante de electores el Frente Nacional (FN) se presenta como el posible instrumento para alcanzar este objetivo, y cada vez más ciudadanos se niegan a salir en defensa del tándem UMP-PS frente a la amenaza del FN en nombre de un hipotético frente republicano. Ver en estas actitudes simples reflejos racistas sólo da cuenta de una parte del fenómeno. La aspiración al orden traduce quizás también una aspiración a la protección frente a la inexorable degradación, desde hace treinta años, de la calidad de vida y de los derechos sociales. La inseguridad es tanto, si no más, social como física.
Así es como se construye una opción de gobierno autoritario que se supone escucharía a los ciudadanos, comprendería sus dificultades y se desmarcaría de las fórmulas utilizadas desde hace décadas. El recuerdo de Bonaparte resurge con el del Estado garante de la comunidad nacional. Esta opción no circula sólo en los arcanos del partido de Marine Le Pen. No es casualidad que un movimiento de rehabilitación de Napoleón III haya reunido en los últimos veinte años a personajes como el diputado-alcalde de Niza Christian Estrosi (“Soy bonapartista como Napoleón III, es una actitud, es un sentimiento”) (2) o el premio Goncourt Didier van Cauwelaert (3). Ya había aparecido, durante el homenaje a Philippe Seguin, el 12 de enero de 2010, en boca de Bernard Accoyer, presidente de la Asamblea Nacional. Su declaración, que llamaba a romper con la “tradición heredera de Victor Hugo” (crítico de Napoleón III) y a magnificar la “visión de un emperador moderno y preocupado por el bien común, que equipó y enriqueció a Francia”, no suscitó en su momento ninguna reacción por parte de la oposición socialista, supuesta heredera de los republicanos, víctimas del golpe de Estado de 1851 que restableció el Imperio. Cuando el espíritu republicano ya no es dominante, ¿cabe asombrarse de ver aparecer así la sombra de un 2 de diciembre (4)?
Porque los llamamientos al orden republicano no tienen ningún sentido si el contrato social y la unidad republicana se disuelven bajo el peso de los intereses particulares, si la ciudadanía, fundamental en la historia política de Francia, no es más que un argumento de congreso, si los ciudadanos no son actores de su propio destino. Sin duda han perdido sus puntos de referencia, pero ¿no se debe a que todo lleva a hacerlos desaparecer?
En particular, la voluntad afirmada de revalorizar el papel del Parlamento, víctima expiatoria del sistema, a menudo sólo sirve para enterrar el problema planteado por la vacilante legitimidad de las instituciones. Tras la reforma constitucional del presidente Sarkozy, el 23 de julio de 2008, la comisión Jospin “de renovación y deontología de la vida pública”, nombrada por el presidente François Hollande el 16 de julio de 2012, no derogó ese plan. Sintomática de los progresos de la temática del orden, buscó sobre todo “moralizar” a las autoridades elegidas (prohibición de la acumulación de mandatos, levantamiento de la inmunidad penal del presidente de la República), intentando así hacer creer que la importancia del Parlamento se medía no por su papel institucional o por el control que puede ejercer sobre la actividad política del presidente, sino por la sola virtud de sus miembros.
Poco comentada públicamente desde el 29 de mayo de 2005, la ofensa que sufrió el sufragio universal mediante la firma, el 13 de diciembre de 2007, del Tratado de Lisboa, gemelo del TCE rechazado por los franceses, sin embargo sacudió los ánimos. En principio porque revelaba el poco caso que hacen los sucesivos poderes de la soberanía popular. Pero también, y mucho más, porque ese voto del 29 de mayo de 2005, lejos de ser una amalgama de descontentos, había conseguido crear, a través de los debates que lo habían precedido, una verdadera voluntad colectiva: la del pueblo soberano que traza el boceto de un nuevo interés general, fundamento de la República.
Se puede evidentemente lamentar que la dinámica democrática así creada no haya podido desarrollarse. Habría sido necesario usar las palabras adecuadas a esa voluntad colectiva, por ejemplo mediante un llamamiento a la dimisión del jefe de Estado favorable al “sí”, o a la disolución de la Asamblea Nacional, también en su vasta mayoría partidaria del “sí”, consignas particularmente democráticas. No se puede, por tanto, sino deplorar las tentativas de recuperación de ese voto con fines únicamente partidistas (por ejemplo, en torno al candidato del “‘no’ de izquierda” en las elecciones presidenciales), tentativas que lo rebajaron a niveles de politiquería, transformando un impulso mayoritario en movimientos parcelarios. De todas formas, el acontecimiento demostró que más allá de todos los discursos fatalistas, de la presión de los medios de comunicación y de los chantajes económicos, la voluntad colectiva podía expresarse organizadamente cuando encontraba la ocasión de hacerlo.
Es en esta voluntad donde debe residir la salida pacífica y democrática a la actual crisis. Y la elección de una Asamblea Constituyente por sufragio universal ofrece una solución.
Esta perspectiva puede parecer demasiado institucional para resolver las dificultades sociales. Ciertamente, el cambio no se logrará sin el movimiento social; pero este tiene pocas posibilidades de vencer en un marco político que impone actualmente su ley de hierro. Las oposiciones internas a la sociedad no pueden expresarse independientemente de la existencia misma de una sociedad. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher había entendido perfectamente lo que estaba en juego cuando, bajo la égida del economista liberal Friedrich Hayek, dijo de la sociedad que semejante cosa no existía (“There is no such thing as society”) (5). Si la lucha es más necesaria que nunca frente a los ataques contra las conquistas sociales, al desempleo, a la expansión de la miseria y de la precariedad, ¿puede esta eximirse de la reconquista del cuerpo político? El objetivo principal de la Asamblea Constituyente es, por tanto, esta refundación de la sociedad en torno a la reapropiación de ese bien colectivo que es la vida pública. La recreación de este ser político es evidentemente necesaria para darle sentido a la Asamblea Constituyente, y esta confiere una meta a dicha recreación.
Este debate no es nuevo. En su época, Jean Jaurès desarrolló la idea de que la historia del movimiento obrero era al mismo tiempo la historia de la participación de los obreros en la construcción del espacio público gracias a su capacidad de autonomía en el seno mismo de la sociedad capitalista. Jaurès insistía en la pertinencia de la democracia como instrumento de liberación y de lucha, considerando que era “el medio en el que las clases se mueven”, revelándose así “una fuerza moderadora en el gran conflicto social” (6).
Este debate no sólo sigue siendo actual, sino que se ve renovado y amplificado por la construcción europea, por la cuestión de la superación del Estado, por la globalización. Por ejemplo, el abandono de los conceptos de pueblo o nación es presentado como progresista por Antonio Negri, figura de un sector de la izquierda que no vacila en declarar que “los conceptos de nación, de pueblo y de raza nunca están muy alejados” (7), tesis que le debe encantar a la extrema derecha. Otros, considerando más matices, no ven el movimiento social y la acción política más que a nivel europeo, incluso mundial, sin tener en cuenta el hecho de que las mayores movilizaciones siempre tienen lugar en el marco nacional. Ya el 18 de enero de 1957, el ex presidente radical del Consejo, Pierre Mendès-France, al explicar ante la Asamblea Nacional su voto contra el Tratado de Roma, había denunciado esta probable derivación: “La abdicación de una democracia puede tomar dos formas: el recurso a una dictadura interna mediante la entrega de todos los poderes a un hombre providencial o la delegación de esos mismos poderes a una autoridad externa, la cual, en nombre de la técnica, ejercerá en realidad el poder político”.
Querer una “globalización social” o una “Unión Europea republicana” no tiene ningún sentido, en la medida en que el objeto ideológico de estas construcciones es justamente la destrucción de los valores republicanos y sociales. ¿Cómo no ver, en cambio, que las dinámicas de contestación del orden dominante han desembocado en Asambleas Constituyentes nacionales tanto en Bolivia o Ecuador como en Islandia, lo que no ha acarreado ningún tipo de aislamiento de esos países, sino al contrario una dinámica internacional intensa, como lo demuestran las nuevas alianzas en América Latina?
La crisis actual en Francia no es sólo la de una mayoría, sino también la de la organización política y social; razón por la cual la confianza entre ciudadanos y responsables políticos se disuelve año tras año. Mientras el mundo se encuentra en profunda mutación, tanto geopolítica como económica, Europa y los países que la componen se encierran en certezas (debilitamiento sistemático de los Estados, acuerdo de libre comercio transatlántico, etc.) (8), noviembre de 2013.]] que impiden cualquier capacidad de acción específica. El apoyo activo del pueblo a las elecciones políticas es necesario frente a los desafíos del periodo, tanto para movilizar en el terreno nacional como para configurar nuevas solidaridades internacionales. Por ello, sólo se nos abren dos caminos: bonapartismo o elección de una Asamblea Constituyente. Dos caminos que invocan al pueblo, pero con valores opuestos y con distintas visiones del futuro.
La opción bonapartista se ha confirmado a lo largo de la historia como basada en el pueblo, pero en una visión despolitizada, infantilizante para los ciudadanos, eventualmente validada por plebiscitos. La Asamblea Constituyente, por su parte, sólo asumirá su sentido democrático al dejar que se exprese el disenso del que debe emerger de nuevo el interés general. Esta permite trabajar para la reconstrucción del cuerpo político y social que se viene gestando desde hace algunos años, como fue el caso en 1789, en el marco revolucionario, y en 1946, con el programa del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) (9). Esta reconstrucción ya estaba esbozada en el momento del referéndum del 29 de mayo de 2005. Presupone la reafirmación del ciudadano libre, humano y social como miembro del cuerpo político, frente al individuo indefinido en el seno de una comunidad unánime. A eso apela George Orwell cuando hace decir al Gran Hermano: “Mientras vuestro objetivo sea seguir estando vivos, y no seguir siendo humanos, nada cambiará. Antes que seres humanos, habéis preferido ser seres vivos, confinándoos de esta manera a un eterno presente y asegurándoos de que yo estaré siempre ahí. No os quejéis” (10).
(1) Véase Serge Halimi, “Tiempo de revueltas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2014.
(2) Citado en Nice Rendez-vous, 13 de junio de 2010, http://www.nicerendezvous.com
(3) Didier van Cauwelaert, “Napoléon III: ‘Victor Hugo m’a tuer’”, Le Point, París, 12 de agosto de 2010.
(4) Elegido presidente de la República en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte dio un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1851. Estableció el Segundo Imperio y reinó bajo el nombre de Napoleón III.
(5) Entrevista en Woman’s Own, Londres, 31 de octubre de 1987.
(6) Jean Jaurès, De la réalité du monde sensible, Vent Terral, París, 2009.
(7) Toni Negri y Michael Hardt, Imperio, Paidós, Barcelona, 2002.
(8) Véase Lori Wallach, “El tratado transatlántico, un tifón que amenaza a los europeos”, [[Le Monde diplomatique en español
(9) Esto puede ser, por supuesto, un fracaso, como en 1848.
(10) George Orwell, 1984, Debolsillo, Barcelona, 2013.
André Bellon
Presidente de la Association pour une Constituante, ex presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia.
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Abril de 2014
Carro de aguas,
“¡Mas madera..!”
Q.-