
Liberation, 11 octubre 2025.
Délitement, desintegración…
[ .. ]
OK.
Con algunos matices…
-Desintegración prolongada en el tiempo.
-Desintegración que abre grietas profundas en el modelo político francés.
-Desintegración que anuncia una huida hacia ninguna parte que conduce a la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales… que pueden culminar, quizá, con una nueva mayoría parlamentaria de la extrema derecha de Marine Le Pen.
Francia en crisis … «Ley y Orden», pero menos.
Francia en crisis … Eclipse histórico del «hombre enfermo» de Europa.
El ‘enfermo de Europa’: la crisis política francesa amenaza con extender sus efectos a la zona euro.
La crisis política en Francia reafirma al partido de Le Pen como primera fuerza.
Francia en crisis … Macron, solo ante el abismo político nacional.
El bloqueo interminable de Francia: por qué nadie consigue gobernar el país.
Francia en crisis … jefe de gobierno y gobierno dimitidos antes de llegar a funcionar.
Los perros abandonados en las ciudades se juntan y forman jaurías salvajes sin perrero y son peligrosas. Las jaurías salvajes tienen que defenderse luchar para sobrevivir. Los perros domésticos se temen unos a otros preparados pagados alimentados por sus amos para la caza para la apuesta entre jaurías. Domésticos contra salvajes. Salvajes contra domesticos. Hay conflictos luchas donde todos pierden menos los dueños de los perros que se distraen de su aburrimiento infinito.Pero la lucha final el juicio final la solución final entre los restos de las jaurías salvajes y domésticas contra los perreros amos para que nunca se aburran los atacan y todos pierdan al final.
José,
«Virgencita, virgencita…»
Q.-
esto es muy interesante creo , gracias
La estabilidad del poder en detrimento de las aspiraciones populares
Crisis de las instituciones en Francia
Los constitucionalistas franceses invaden los platós de televisión y las páginas de “debates” de los periódicos para descifrar la crisis de régimen que se ha instalado en Francia desde las elecciones legislativas. Abundan las propuestas: representación proporcional, vuelta al septenio, etc. La mayoría de ellas pasan por alto la cuestión fundamental: las instituciones son ante todo un bien público y un contrato social que hay que reconstruir.
por André Bellon, octubre de 2024
La física conoce un curioso estado de la naturaleza denominado “sobrefusión”. Es el caso, por ejemplo, de un lago cuyas aguas se hallan a una temperatura inferior a 0º C sin estar congeladas. Sin embargo, si se les arroja un minúsculo cristal de hielo, el lago se congela por completo. ¿Cabe imaginar una situación semejante en el ámbito de la política? ¿Que una organización política, por ejemplo, se encuentre en un estado metaestable y aguarde su cubito de hielo?
Pues bien: el sistema político francés lleva mucho tiempo congelado. Los analistas a menudo se conforman con culpar a la clase política, en especial al presidente de la República. De ese modo eluden aceptar un hecho fundamental que nos recordó el historiador Marc Bloch: “En general, las instituciones políticas solo adquieren su verdadero sentido cuando se restablecen sus vínculos con las profundas corrientes de ideas —y también de sentimientos— que subyacen a ellas” (1). Es decir, lo que constituye los cimientos de una “comunidad política”.
El artículo 3 de la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958 dispone que esa comunidad política es el pueblo, depositario de una soberanía nacional que ejerce por medio de las elecciones. Ahora bien, la práctica institucional anestesia o malversa el sufragio universal: han hecho falta 51 días —cosa inaudita en Francia— para el nombramiento de un primer ministro. Y pese a lo excepcional de los datos de participación en las pasadas elecciones legislativas, la arbitrariedad de la que goza el presidente de la República le ha permitido nombrar a un individuo hasta entonces derrotado en todas las primarias de un partido hoy marginal.
Los repetidos llamamientos a respetar “las costumbres republicanas” o “el espíritu de la Constitución”, tan vagos como apremiantes, confirman que estas derivas revelan una crisis profunda. El propósito de las instituciones consiste en reflejar un contrato social que expresa la voluntad de una comunidad política. ¿Siguen siendo legítimas si rompen ese contrato que brinda su significación política al pueblo?
La cuestión ya se hizo presente en tiempos de la Cuarta República (1946-1958), cuya caída se resume con demasiada frecuencia en las debilidades estructurales del parlamentarismo. De ese modo, se olvida, sobre todo, cómo sus instituciones fueron socavadas por prácticas que acabaron por arrojar un velo de dudas sobre el contrato social surgido de la liberación (independencia nacional, restablecimiento de la República, reconstrucción del país, leyes sociales, etcétera). En concreto, las instituciones de la Cuarta República permitían excluir al menos a dos poderosos movimientos políticos, los comunistas y los gaullistas, creando así un desfase entre la representación y la realidad del cuerpo social en un contexto, por añadidura, de guerras coloniales. Con este fin se recurrió a expedientes más que discutibles, por muy legales que fueran. En 1952 y 1956, el recurso a una ley de mayo de 1951 que yuxtaponía escrutinio proporcional y mayoritario permitió que los partidos que se repartían el poder eliminaran a las formaciones “indeseables”. Unos métodos que destruyeron la confianza de los ciudadanos en las instituciones a las que hasta entonces habían apoyado. Esa desaparición de la confianza intervino en el desmoronamiento de la Cuarta República y la llegada de la Quinta.
Desmoronamiento moral
En la actualidad, encontramos un paralelismo con el abuso casi enfermizo del artículo 49.3 de la Constitución [que permite la aprobación de un texto legislativo sin necesidad de que pase por la Asamblea Nacional], usado para sofocar una crisis política cada vez más profunda. El artículo fue concebido como una herramienta a la que acudir en casos excepcionales, no como una forma de gobernar. Con ello, la Quinta República —que pretendía “racionalizar” el poder parlamentario— ha acabado de un tiempo a esta parte borrando casi totalmente del mapa al Parlamento. Naturalmente, se podría —como algunos creen— resolver la crisis realizando cambios marginales en los poderes del presidente de la República y en los modos de escrutinio, concretamente introduciendo el sistema de representación proporcional. Una visión meramente técnica como esta pasa por alto la ruptura que se ha producido entre los ciudadanos y quienes en teoría los representan, la práctica desaparición del cuerpo político soberano.
Las señales precursoras de esta ruptura han sido sistemáticamente borradas por el conjunto de la clase dirigente francesa. En primer lugar, el ascenso de una abstención estructural: las asambleas nacionales de 2017 y 2022 fueron elegidas por una minoría de votantes, y también las elecciones presidenciales señalaron un retroceso de la participación en la primera vuelta. La recuperación del voto en 2024 se ha visto acompañada de un avance sin precedentes de Reagrupamiento Nacional y una política de cordón sanitario que complica la lectura de los resultados finales. ¿Cómo van a sacarse consecuencias políticas claras de unos comicios en los que la izquierda ha acudido en auxilio de Élisabeth Borne —responsable de una reforma de las pensiones impuesta con toda la violencia institucional posible contra la voluntad de la mayoría— y de Gérald Darmanin, padre de la “ley de inmigración”? Por su parte, la acumulación de abusos de poder del presidente de la República —no respeto del protocolo de consultas previsto en el artículo 12 de la Constitución (relativo a la disolución de la Asamblea Nacional), negativa a nombrar un Gobierno en un plazo razonable, Gobierno dimisionario que se ocupa de asuntos que superan los “corrientes”, etcétera— han pasado sin mayor consecuencia que los aspavientos de algunos. En una Asamblea fracturada y disgregada en once grupos parlamentarios (¡un récord!), elegida en el marco deformante del cordón sanitario contra un partido que ha recabado cerca de once millones de votos, seguir hablando de si la izquierda o la derecha han ganado o perdido carece propiamente de sentido. Al funcionar de este modo, las instituciones ya no son capaces de expresar la menor voluntad popular. La clase política en su integridad, entregada a sus intereses partidistas, parece incapaz de analizar la situación como lo que es: la crisis de un régimen y un desmoronamiento moral.
“La soberanía nacional reside en el pueblo”. No es posible ver en lo anterior sino una afirmación sin mayores implicaciones. Pero, en la concepción del general De Gaulle, lo que había era un equilibrio entre un poder central fuerte y una capacidad de afirmación de la voluntad popular. Esta voluntad, simbolizada por la existencia del mecanismo del referéndum, ha acabado por revelarse artificial. En Francia, en 2005, una votación ciudadana que contó con cerca del 70% de participación rechazó el Tratado Constitucional Europeo por una mayoría del 54,7%. En aquel entonces, el presidente Nicolas Sarkozy —con la ayuda del secretario general del Partido Socialista, François Hollande— se mofó de esa votación al aprobar la adopción del Tratado de Lisboa. El 24 de septiembre del 2000, los votantes, por el contrario, aceptaron por referéndum la sustitución del septenio presidencial por un quinquenio: el “sí” se hizo con el 73% de los votos, y fue juzgado legítimo pese a una abstención del 70% y un 16% de votos en blanco o nulos. Los ciudadanos han tenido ocasión de ver claramente que las instituciones se permiten ignorar su voluntad y cómo se los menosprecia en los discursos públicos.
Una Unión Europea tecnocrática
Son muchos los debates que giran en torno a la estabilidad del poder, y llevamos décadas oyendo por boca de los turiferarios de unos poderes acorralados y puestos en tela de juicio afirmaciones del siguiente jaez: “Si estuviéramos en la Cuarta República, el Gobierno habría saltado por los aires”. Y así es, pero ¿acaso es en sí un problema? ¿Y a qué precio pagamos esa “estabilidad”? Cuando se extienden los conflictos sociales, cuando la estabilidad del poder se logra en detrimento de la expresión normal de las aspiraciones populares, ¿no queda en entredicho la legitimidad de las instituciones? Antes al contrario, es el propio concepto de “pueblo” lo que se pone en entredicho, lo que es presentado en términos peyorativos, como algo incompetente y generador de disensiones, olvidando, precisamente, que la disensión es uno de los fundamentos de la democracia.
¿Es posible considerar legítima la ley “de las jubilaciones” cuando el Gobierno francés ha hecho cuanto está en su mano para imponerla a despecho de millones de manifestantes e incluso para impedir una votación parlamentaria que la habría rechazado? El recorrido seguido por la “ley de inmigración” es aún más revelador: el texto propuesto por el Gobierno sufrió una moción de rechazo en la Asamblea Nacional en diciembre de 2023; tras ello, pasó al Senado, que introdujo enmiendas; la Asamblea adoptó las enmiendas sin reflexión; a continuación el Consejo Constitucional [el equivalente al Tribunal Constitucional español] censuró la práctica totalidad de las enmiendas para regresar al texto original, de modo que lo que entró en vigor fue… ¡el proyecto de ley rechazado desde el principio por los diputados! Con ello se dio una inversión de la legitimidad, quedando los ciudadanos reducidos a la categoría de un lobby como cualquier otro.
La crisis de las instituciones es una crisis del poder político. Al crear la Quinta República, la pretensión del general De Gaulle era apoyar un poder fuerte en la preservación de una soberanía nacional. A este propósito, recordemos la política de la silla vacía emprendida entre el 30 de junio de 1965 y el 30 de enero de 1966 para imponer el respeto a los intereses franceses en la Comunidad Europea.
Paradójicamente, hoy en día, las instituciones pueden usarse para destruir lo que queda de soberanía nacional y popular.
Si la Unión Europea nunca se ha presentado como contraria a la democracia, no se puede negar que es, básicamente, porque no sacaba el asunto a colación. Sin embargo, podemos recordar las advertencias de Pierre Mendès France cuando votó en contra del Tratado de Roma el 18 de enero de 1957. Ya entonces denunciaba el carácter tecnocrático de la construcción europea al afirmar que “la abdicación de una democracia puede darse de dos formas: ya sea recurriendo a una dictadura interna por medio de la entrega de todos los poderes a un hombre providencial, ya delegando esos poderes en una autoridad exterior, la cual, en nombre de consideraciones técnicas, será la que en realidad ejerza el poder político”. Por supuesto, a partir de la década de 1970 acabaron por aparecer referencias a la democracia en los discursos europeos, pero se trataba de algo puramente formal y, curiosamente, añadidas a un vocablo propio del argot contable, a saber: “déficit democrático”. Un acontecimiento oficializó entonces esta dilución de la democracia: la votación del Tratado de Lisboa.
De hecho, como presagiaba Pierre Mendès France, el proceso antidemocrático lleva avanzando desde el principio. En nombre de la eficacia a la hora de tomar decisiones, la soberanía de los pueblos es confiscada sistemáticamente en favor de las instituciones supranacionales. Así, ya no es solo que la competencia económica suponga el alfa y el omega de las relaciones sociales en el seno de la Unión Europea; es que, como apuntó Dieter Grimm —exmagistrado del Tribunal Constitucional Federal de Alemania—, “ya no es necesaria la intervención de los Estados para establecer el mercado común. La Comisión (como órgano responsable de la implementación de los tratados) y el TJUE (como órgano responsable de la interpretación de los tratados en caso de conflicto) pueden hacerse cargo de la integración económica. Cuando consideran que el derecho nacional obstaculiza el mercado común, lo declaran inapropiado sin que los Gobiernos puedan oponerse realmente” (2).
En un contexto así, deja de haber vida política en el sentido aristotélico; lo que hay es el dominio de una ideología: la de una economía liberal en la cual el individuo solo es un consumidor aislado. El sufragio universal se convierte en un teatro de sombras chinescas.
La actual situación política requiere de clarificación, pero no solo sobre los juegos políticos. Es necesario refundir el contrato social y, con este fin, revisar las reglas del juego político. Movimientos sociales más o menos soterrados, como el de los chalecos amarillos, las manifestaciones agrícolas, la defensa del referéndum de iniciativa ciudadana [un dispositivo que permitiría a los ciudadanos convocar referéndums sin necesitar la aprobación del parlamento o el presidente] o las críticas a la construcción europea llevan mucho tiempo señalando en este sentido. En este contexto, las instituciones solo son el nombre que recibe la reedición del soberano de antaño y la expresión de su voluntad.
Cierto es que los constitucionalistas se desviven por explicar qué reformas necesitan las instituciones, pero a menudo es para imponer sus soluciones y, sobre todo, para privar al pueblo de todo control real sobre su definición y evitar plantearse el asunto de la elaboración del poder político frente a la economía liberal y la ideología gerencial de la UE. Así, Dominique Rousseau (3), un mediático constitucionalista, propone la creación de una pequeña asamblea de ciudadanos elegidos al azar para repensar las instituciones bajo su supervisión y la de expertos rigurosamente seleccionados. Esta sofisticada manera de dejar al margen al pueblo nos recuerda que nos hallamos ante un desafío de la mayor relevancia en lo relativo al poder, y que la verdadera clave no está en limitarse a redefinir las instituciones, sino en quién está legitimado para construirlas. Recordemos al político socialista Jean Jaurès, que proclamaba: “¿Qué es, pues, la República? Es un gran acto de confianza. Instaurar la República es proclamar que millones de hombres sabrán fraguar ellos mismos la norma común de sus actos; que sabrán conciliar la libertad y la ley, el movimiento y el orden. […] Instaurar la República es proclamar que los ciudadanos de las grandes naciones modernas, obligados a cubrir las necesidades de su vida privada y doméstica por medio de un trabajo constante, tendrán, sin embargo, suficiente tiempo y libertad de espíritu para ocuparse de la cosa pública” (4). Y es precisamente hoy, cuando la cuestión principal es la “comunidad política”, la restauración del pueblo —ese soberano natural—, cuando se ponen todos los medios para evitar que los ciudadanos se hagan cargo de ella, para que no se represente la realidad de un cuerpo social que permita la existencia de debates libres y argumentados. De la crisis del régimen surge la disyuntiva entre un país que adopta una dirección autoritaria y otro en el que se da una restauración de la democracia (5).
Hoy debemos admitir que la pregunta ha quedado planteada, que hay un mundo en sobrefusión y que otro está en espera de su cubito de hielo.
(1) Marc Bloch, Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real, particularmente en Francia e Inglaterra, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1993.
(2) Dieter Grimm, “Constitucionalización de los tratados europeos”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2017.
(3) “Il faut arrêter le bricolage. Le moment est venu de changer de Constitution”, Le Monde, 14 de marzo de 2023.
(4) Jean Jaurès, “Discours à la jeunesse”, julio de 1903.
(5) Véase “Bonapartismo o Asamblea Constituyente”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2014.
André Bellon
Presidente de la Association pour une Constituante, expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia.
Carrodeaguas,
Efectivamente, graves por cuestiones, muy graves, diría, ay…
Q.-
francia…
https://www.youtube.com/watch?v=SITPGWfJ9BY
Carrodeagugas,
Graciasssss
Q.-